España: entre los cambios léxicos y el respeto a la voluntad de las PcD

Por Igual Más

04/10/2018

El Consejo de Ministros de España, busca dar el primer paso para una reforma civil, que hará desaparecer del ordenamiento jurídico, términos como incapacitado o incapacitación. Más allá del cambio léxico, la reforma pretende proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto llevaría a un sistema jurídico que esté centrado en la plena consideración de la PcD, modificando así, el sistema actual, en el cual las decisiones son tomadas por un tercero.

 

Este modelo, promovido por el Ministerio de Justicia y que se ha negociado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se basa en el anteproyecto de la reforma civil y procesal, en materia de discapacidad. Una asignatura pendiente para España. Los principales cambios consisten en la sustitución de la figura del tutor, que es la que rige las decisiones de la inmensa mayoría de personas con discapacidad intelectual. Cambiándola por otras figuras que, según el grado de discapacidad, pueden tener solo un papel de apoyo para guiar a la persona en la toma de decisiones. Además, también elimina la figura de la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.

 

La futura ley implica la mayor reforma civil de los últimos años, debido a que se cambiará el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Hipotecaria y la Ley del Registro Civil. Además, conlleva una gran significación a nivel social, ya que tiene como objetivo, poner a disposición de las personas con discapacidad, medidas de apoyo que les permitan ejercer su capacidad jurídica, en igualdad al resto de la población. Cuando la norma esté vigente, ningún juez podrá decretar la incapacitación ni retirarle sus derechos patrimoniales, políticos o personales.

 

En los casos de discapacidad más severa, que precisen de un apoyo continuo, será necesaria la intervención de un juez, para constituir la figura de la cúratela. Aunque de forma excepcional pueda llegar a tener funciones representativas, el espíritu de la norma es que sea, primordialmente, asistencial. Será el juez quien determine qué actos requerirán la intervención del curador, respetando la máxima autonomía posible de la PcD y teniendo en cuenta sus preferencias. El proyecto establece que quienes presten apoyo deberán actuar “atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera”.

 

Fuente: El País

 

Imagen: CERMI

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