La Discapacidad sabemos, está íntimamente ligada a los derechos humanos, civiles y ciudadanos. De ahí que el título de esta columna aparezca como uno de los temas que debemos considerar prioritarios
El acceso a la justicia es por esencia un derecho inherente a toda persona humana. Puede sonar obvio, pero en el contexto en el que nos desenvolvemos las personas con discapacidad y quienes somos sus familias en Chile, el acceso a la justicia, aparece casi como un bien suntuario, una quimera, un anhelo lejano. Un desafío que el Estado chileno tiene la obligación de asumir, no solo en el discurso, sino en la gestión oportuna y efectiva, de los organismos encargados de promoverla y administrarla.
Hace uno días, expuse sobre “Discapacidad y Acceso a la Justicia”, aceptando la invitación que me extendió la Secretaría Pro-Tempore Cumbre Judicial Iberoamericana, de la Corte Suprema de Justicia, para participar como ponente en el Seminario sobre buenas prácticas en materia de acceso a la justicia de personas y grupos en condición de vulnerabilidad y enfoque de género, realizado en el Edificio del ex Congreso Nacional en Santiago.
En la oportunidad, compartí panel con León Paul, Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; María Soledad Cisternas, Miembro del Comité de Naciones Unidas y David Pellizzari de Senadis. Panel que estuvo gratamente presentado y moderado por el Ministro de la Corte Suprema, Sr. Lamberto Cisternas.
Reconociendo los esfuerzos que el Poder Judicial está focalizando en esta área, especialmente en materia de accesibilidad a nuevos edificios e instalaciones, consideré importante abordar el tema, ubicándonos en el contexto chileno. Es decir desde la perspectiva de la cruda realidad de una sociedad que excluye y empobrece a las personas con discapacidad.
Subrayé la importancia de abordar el acceso a la justicia, desde la raíz, es decir, desde que la persona se apresta a salir de casa, para hacer uso de sus derechos y obligaciones. “Para que una persona con discapacidad pueda salir de casa, resulta vital que vea atendida su Salud a través de un adecuado proceso de Rehabilitación Integral. Según el primer (y único) Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC – Año 2004), el 94% de las personas que presentan discapacidad en Chile, no accede a los servicios de Salud ni Rehabilitación”.
En esta parte de mi presentación, me permití contextualizar el seminario, en una época de elecciones presidenciales. ¿Y esto que tiene que ver con el acceso a la justicia?. Muchísimo, pues si los candidatos de derecha y concertación han desconocido abiertamente la lengua de señas y con esto, a todo el colectivo de personas con discapacidad en sus discursos, difícilmente reconocerán y trabajaran por sus derechos una vez electos. Claramente, es el Presidente de una nación quien tiene el deber de partir dando el ejemplo. En el discurso y la práctica.
En este sentido, hice mención a que solo dos candidatos a la presidencia, han abordado de manera directa el tema. Más allá de toda postura política, me referí primero, a las palabras del candidato Marcel Claude respecto a la campaña Teletón (la cual califica como “aberración”) porque aun en el Chile de hoy, se presenta la salud como un bien de consumo, que se otorga por caridad, no como un derecho humano.
Frente a la audiencia, me referí directamente a la acción consciente del candidato Marco Enríquez Ominami, único candidato en acercarse a las organizaciones de y para personas con discapacidad para educarse e incluso marchar por la Alameda (principal calle de Santiago) con ellas, hasta el Palacio de Gobierno chileno, solicitando más derechos y menos caridad.
Hay dos videos recientes de Marco que sugiero ver, por lo certero y franco de sus declaraciones. Dicen que “hechos son amores” y Ominami va más allá del discurso.
El primer video, se graba en abril del presente año, frente a la plaza de la ciudadanía. En él, tuve la oportunidad de compartir visiones y anhelos con Marco y por cierto, conocer a Paulina Bravo, Abogada ciega de la corporación de Usuarios de Perros Guías, tan acostumbrada a la discriminación directa, al momento de intentar parar un bus, taxi o colectivo, junto a sus animales guías.
Entonces, difícilmente el 94% de personas con discapacidad que no ve cubierta su salud ni rehabilitación en Chile, tendrá las herramientas necesarias para defender sus justos derechos. Si el Estado de Chile algún día se pone los pantalones largos y logra superar su mala nota en materia de integración, con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, nos encontraremos en la raíz del problema, con un segundo desafío social: Transporte Accesible.
En el Seminario, también recordé como anécdota, el llamado que realizara el Director de Metro de Santiago, al comienzo de la implementación del sistema “Transantiago” en febrero de 2007, en el sentido de que (textual) las personas con movilidad reducida no usaran el servicio. Claramente en esos tiempos, no existía la Ley Antidiscriminación y aquel directivo desconocía que había una ley de la discapacidad.
Hoy, en pleno 2013, la empresa Metro de Santiago, sigue discriminando y atropellando los derechos de las personas con discapacidad, manteniendo decenas de estaciones absolutamente inaccesibles, ahora plenamente consciente de la Ley de la discapacidad. El compromiso de la compañía: Construcción de accesos para el año 2015 o 2018. Esta empresa no tiene derecho a excluir y discriminar a diario, a más de 750.000 personas con discapacidad que viven en Santiago y durante 5 años más.
Turistas extranjeros y chilenos que vienen desde otras latitudes, también son pasados a llevar en sus derechos fundamentales, al interior de los vagones y estaciones del Metro de Santiago, que se niegan a transportarlos. Si una persona en Chile no puede acceder al transporte y con esto, al libre desplazamiento por la ciudad, podrá realmente acceder a la justicia?.
Uno de los aspectos más desafiantes de la actual Ley 20.422, es transformar los verbos de gestión futura (se señalará, se realizará, se llevará a cabo, deberá darse cumplimiento) en verbos de gestión presente: Se realiza, se implementa, se ponen hoy en marcha, se da a partir de hoy cumplimiento. La ley así como está redactada, da la impresión de que un gobierno del año 2050 –tal vez- podría llevar a cabo las acciones necesarias. Claramente, los desafíos en materia de discapacidad, son para gestionarlas hoy, no mañana.
Finalmente, señalar que la actual cifra de discapacidad que arrojó el censo 2012 sigue al debe, frente a una realidad mundial creciente y en acelerado aumento. Las cifras de la OMS señalan que el 15% de la población mundial tiene discapacidad. El INE señala que en Chile solo 12,7 % de la población presenta discapacidad. Personalmente, me inclino por las cifras del orbe, la media mundial del 15%, más un 3% (total 18%) debido a nuestras dos principales labores productivas y que generan año a año, cientos de nuevas personas con discapacidad: La Minería y la Pesca.
Disminuir las cifras de discapacidad, es bajarle el perfil a esta creciente problemática social. Significa disminuir las cifras de cesantía y pobreza, maquillando la realidad nacional. Ya sabemos los cuestionamientos de diagnóstico errado que han acompañado no solo al Censo 2012, sino también a las cifras alteradas, provenientes del INE – Instituto Nacional de Estadísticas. Si se trata de fuentes de confianza, barajemos mejor la cifra que nos ha entregado la OMS.
Según cálculos de la Fundación Nacional de Discapacitados, más de 3 millones de personas con discapacidad viven hoy en Chile. Desafiadas al cotidiano vivir, enfrentadas a múltiples barreras, esas que les imponen ciudades discapacitadas como Santiago, Concepción o Valparaíso. A medios de comunicación que les invitan subliminalmente a “quedarse mejor en sus casas” y ojalá a trabajar también desde casa, en los “teletrabajo”.
Las personas con discapacidad en Chile e Ibero América, hoy se enfrentan a sociedades que claman por “más justicia y menos monumentos”. Por más acción, gestión integradora y menos discursillo de memoria. Los seminarios al igual que esta columna, deben servir para concientizar, visibilizar y romper el letargo del statu quo. Generar y ayudar en la necesaria ebullición del ese punto de inflexión, que finalmente romperá con la exclusión.
*Alejandro Hernández es Presidente y Director Ejecutivo – Fundación Nacional de Discapacitados. Consultor en Discapacidad
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