Al igual que muchas organizaciones del tercer sector de nuestro país, que trabajamos con y para personas con discapacidad (PCD), queremos expresar nuestra profunda preocupación ante el proyecto de Decreto que pretende desregular el nomenclador del sistema único de prestaciones básicas de discapacidad.

La determinación de un valor único y obligatorio para cada uno de los servicios de atención integral es fundamental, ya que garantiza que las personas con discapacidad, independientemente de la cobertura que tengan (obra social sindical, Incluir Salud, PAMI o prepaga), puedan acceder en igualdad de condiciones a las prestaciones que necesiten.

Pero si las coberturas se vuelven diferenciales, según el tipo de financiador, se crearán situaciones de inequidad y exclusión dependiendo de la cobertura de salud y rompiendo el principio del sistema único de prestaciones básicas que asegura la igualdad de acceso para todas las personas con discapacidad.

Este proyecto no sólo vulneraría derechos fundamentales de las personas con discapacidad, sino que además desconoce leyes nacionales, como la ley N° 24.901, así como pactos y convenciones internacionales, como la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional, según ley N° 27.044

Así también este tipo de desregulaciones mercantiliza derechos y favorece negociados entre grandes cámaras de prestadores y financiadores, promoviendo el desfinanciamiento del Estado y deslindándolo de sus obligaciones.   

Por todo esto consideramos que la situación es grave. Que el mercado regule las prestaciones para personas con discapacidad y otras actividades inherentes al Estado, profundiza brechas y desigualdades.

NUESTRA PERSPECTIVA

No realizamos estas manifestaciones desde una postura ideológica o partidaria, sino desde el paradigma desde el que entendemos a la discapacidad: nuestro Modelo de Comunicación y Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad.

Desde nuestro Modelo postulamos que el Estado es quien debe reconocer legítimamente a las PCD, garantizando los derechos fundamentales de todas las personas en general, y de las personas con discapacidad en particular a través de leyes claras y precisas.

El gobierno también tiene la obligación de ejecutar políticas públicas que den respuesta a los grupos más desfavorecidos. Estas políticas públicas deben ser medidas, es decir, que desde su formulación y aplicación ya deben contar con los indicadores de medición del impacto.

Por otro lado, es deber del Estado transparentar los resultados de esa medición de impacto (dando a conocer las distintas políticas, sus modos de ejecución y resultados) así como articular con las organizaciones.

Desde dicha perspectiva entendemos que estas modificaciones son de gran importancia y tienen un impacto significativo en la comunidad de personas con discapacidad.

Por esta razón, es crucial que las personas con discapacidad y las organizaciones seamos convocados y que podemos contar con una explicación clara y detallada sobre los próximos pasos y cómo estas reformas afectarán la implementación de las prestaciones.