Entender el conflicto que está ocurriendo en Argentina con las prestaciones a las personas con discapacidad, es comprender un entramado complejo con varios actores involucrados.  Desde Por Igual Más y nuestro abordaje de trabajo desde el Modelo de Comunicación y Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad, planteamos, en primera instancia, que esta situación refleja la falta de reconocimiento en primera plana. También, la ineficacia de un sistema de cobertura de salud y de educación, el cual fue naturalizado por años y que al fin sale a la luz. El análisis que presento es fruto de lectura, análisis, investigación y consulta a diversas fuentes. El tema es complejo y requiere un abordaje lo más amplio posible. Así que agradezco a los prestadores de salud y educación con los que ido hablando, a la abogada Valeria Melacrino, una de las asesoras legales de Por Igual más y al abogado Jorge Ariel Daffara, a Pamela Chomiak, de la Asamblea de Discapacidad Regional Córdoba y a personas con discapacidad, como Lucas Romero, uno de nuestros referentes en la Fundación que aportan su visión y experiencia .

Los primeros actores son las personas con discapacidad que están siendo vulneradas en su derecho a la salud (Ley 24901 y art 25 de la Convención) y a la educación, que promueven su calidad de vida y autonomía. Esto, sumado a que según la edad de las personas, tipo de discapacidad y prestaciones necesarias, también afecta a sus familias. El conflicto, por otro lado, no sólo demuestra que el sistema de cobertura es precario y que cada vez hay más personas con sus tratamientos interrumpidos, sino también la necesidad de políticas efectivas que propongan un mejor servicio, menos burocratizado (como el caso de las autorizaciones) y más accesible (no solo eliminando barreras físicas sino también actitudinales, comunicacionales, etc.).

Los otros actores son los prestadores de salud y educación. Profesionales que muchos dan más de lo que tienen para sostener un sistema que no contempla las necesidades de las personas con discapacidad a las cuales les prestan sus apoyos. Tampoco cubren sus propias necesidades. Esto debido a que los valores del nomenclador, siguen por debajo de la inflación, sumado a la hiperinflación. Un punto clave de este problema es que el nomenclador es orientativo y no regulativo, lo cual habilita a que las OS paguen sin un marco fijo (solo las OS que hacen el recupero tienen como «obligacion» pagar lo que dice el nomeclador) Si bien es real que el monto se ha actualizado (en octubre se contemplaría el aumento acordado del 25 % y que, según el comunicado de prensa desde el sitio oficial de Nación del 7 de septiembre el Estado aclare que el nomenclador que regula el valor de los aranceles que reciben los profesionales y los pagos por prestaciones de servicios, hayan tenido un aumento acumulado de 320% desde el 2019, tambien es cierto el contexto inflacionario y las extremas demoras en percibir los reintegros (en algunos casos de entre tres a seis meses . Dicha situación torna insostenible la continuidad de prestar el servicio, por más voluntad que haya. Aquí, uno de los prestadores que más se escuchan en sus reclamos son los transportistas, quienes deben circular con sus vehículos y pagar el combustible durante meses hasta que se les reintegra lo que han tenido que sostener con su propio bolsillo.  Además, toda la realidad de los prestadores de servicios de discapacidad constituye una vulneración al derecho de percibir la remuneración por su trabajo en tiempo, forma, contribuyendo a su dignidad.

DOS ACTORES FOCO DEL CONFLICTO y el fondo solidario

Los otros dos actores foco del conflicto son el Estado y las Obras Sociales (OS) que dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Para entender qué pasa, es necesario conocer que mediante la Ley 23.661 las obras sociales reciben un porcentaje del Fondo Federal de Redistribución al que aportan empleadores y empleados.  Este es un Fondo Solidario que se encuentra fuera del presupuesto nacional, exento de ajustes o modificaciones y sujeto a la recaudación a cargo de la AFIP, protegido por ley. Las OS recaudan de ese fondo y pagan a los prestadores que están regulados por el nomenclador de la Agencia Nacional de Discapacidad.  El Estado luego reintegra ese dinero, una vez que la obra social paga la prestación.

Para entender cómo es el circuito de financiamiento a las obras sociales, se informa que éste se establece principalmente los aportes que hacen los rabajadores (3%) y los empleadores (5%). De ese total, entre un 80 % y un 85 % (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se destina al Fondo Solidario de redistribución.

¿QUE ÉS EL FONDO SOLIDARIO?

Se trata de un fondo cuyo objetivo principal es el reintegro de dinero a las obras socialespor tratamientos complejosy costosos a través del Sistema Único de Reembolso (SUR). Además se encarga de subsidiar a las OS con menos recursos para que puedan cumplir co el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de Nación. El fondo se creó en 1980 ye stá a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Se financia con una parte de los aportes y recursos del presupuesto nacional, entre otras fuentes.

El Decreto Nº904/16 aprobó un mecanismo de distribución directa de los recursos del Fondo Solidario de redistribución a las obras sociales nacionales para ser destinados exclusivamente al financiamiento de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas àra PCD (resolución nº 428/1999). El resto de las prestaciones que se otorgan a las personas con discapacidad, las OS las financian con recursos propios.

EL CONFLICTO

Se podrían establecer dos ejes del conflicto (los cuales están relacionados):

1. La agudización en el retraso del pago a los prestadores.
2. La circulación de un rumor acerca de un Decreto que establecería que el Estado le sacaría esos fondos a las OS y directamente sería el Estado el que pagaría a los prestadores (cómo funciona el PROSAD, por ejemplo).  Este Decreto habría surgido en parte como respuesta a que desde hace mucho tiempo las OS vienen reclamando que no alcanzan los fondos para poder afrontar la demanda de las prestaciones. Por ejemplo en transporte y salud. Ese Decreto nunca se firmó. Por eso se habla de “Decreto Fantasma”.

A partir de esta situación, hay diferentes hipótesis.

Una es que las OS estarían agudizando la demora para presionar al Estado. Y aquí cabe preguntarse ¿qué pasa con el Estado con su rol de regulador y de asegurar las prestaciones de salud a las personas con discapacidad como derecho constitutivo?  Porque no solo estamos hablando de que la Superintendencia no estaría controlando si las OS pagan o no a los prestadores, sino también que el Estado tampoco está controlando cómo se trata a las PCD, si se paga o no según el nomenclador y si el prestador tiene o no que facturar por sobre las sesiones que hacen para llegar al monto mínimo, entre otras cosas, como por ejemplo, cómo hacer para que la OS pague la mayor cantidad y la PCD la menor diferencia posible (porque hay OS que pagan por debajo de lo mínimo establecido por el nomenclador y no hay control sobre ello). Hasta aquí algunos problemas planteados: las OS no están controladas, no todas pagan según establece el nomenclador y existe un exceso de burocratización de algunos procesos.

La otra hipótesis es que se habría hecho un recorte desde el Ministerio de Economía a las prestaciones, cuestión que no es cierta y ya se han emitido comunicados oficiales sobre esto. De todos modos, sí hay retrasos. porque para todo hay plazos que no se cumplen. Hay un Comunicado de la SSS del 9/9 que establece que: «En lo que respecta al último período facturado (junio), y que se encuentra en proceso de pago, se comunica que, del total de las Obras Sociales, 216 ya percibieron el 100%, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto (13) entre un 29% y un 0%».

¿Cómo es esto de los plazos?  AFIP liberaba fondos los días 20 a la SSS y ésta transfería a la cuenta específicas de las OS, las cuales luego pagaban al prestador, por lo cual aproximamiento los 25 de cada mes se empezaban a recibir los pagos. En el mes de agosto correspondía pagar junio, no obstante, se hizo la auditoría de las facturas y todos los procesos pero AFIP no liberó los fondos a tiempo. Esto llevó a que la cadena de pagos pasara de 60 a 90 días.

¿Cómo sigue al día de la fecha el conflicto?

En un comunicado del 7/9 la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y la ANDIS anunciaron que han constituido una mesa de trabajo junto a prestadores del sector de Discapacidad para resolver todas aquellas situaciones específicas de pagos a los mismos. Por ahora, esta mesa es un compromiso de palabra, anunciado oficialmente. También anunciaron que las transferencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a Obras Sociales nacionales se encuentran regularizadas y que el programa Incluir Salud está realizando sus pagos regularmente. Esta situación aún no impacta en los prestadores que siguen sin percibir por parte de las OS el reintegro por sus servicios. al día 13/09/22.

Habrá que ver cómo este conflicto se resuelve desde un real reconocimiento legítimo. Desde nuestro abordaje del Modelo, entendemos que el Estado reconoce no sólo con la promulgación de la ley o la elaboración de políticas públicas, sino que son necesarios dos pasos más: la medición del impacto y la transparencia de los datos.

Si algo queda claro es que el sistema funciona ineficazmente; que la demora en los pagos no puede seguir naturalizándose; que los prestadores de servicios de discapacidad no tienen que seguir sosteniendo por sobre sus propias necesidades las improlijidades de un deficietatario sistema de cobertura, que el nomenclador debería ser regulativo y no sólo orientativo y, sobre todo, que las PCD tienen derecho a prestaciones que aseguren su salud y calidad de vida.

Será importante entender qué rol asume el Estado en el conflicto para que las PCD puedan gozar de todas las prestaciones. Además, sin quitar responsabilidad, las Obras Sociales deberán cumplir con los plazos y transparentar cómo gestionan sus fondos.  Por otro lado, es destacable que las PCD que luchan por su reconocimiento, han hecho oír su voz proclamando la necesidad de su real reconocimiento. El conflicto, como toda crisis, tiene dos vías de resolución: la indiferencia e incluso agudización de la situación, o una real respuesta a las solicitudes de los grupos más vulnerados.

Lic. Ana Argento Nasser

Coordinadora General

Fundación Por Igual Más.