Resumen

Convocadas por la Vicaría de los Pobres, la Fundación Por Igual Más y diversas organizaciones del sector trazaron un duro diagnóstico sobre la situación de la discapacidad en Córdoba. Denuncian un desfinanciamiento sistemático, asfixia burocrática y alertan sobre un proyecto de ley nacional que pone en riesgo el sistema de prestaciones básicas y el derecho a la salud de las personas más vulnerables.

Convocados por la Vicaría de los Pobres, la Fundación Por Igual Más junto a diversas organizaciones y prestadores trazaron un crudo diagnóstico del sector. Denuncian desfasaje arancelario, asfixia burocrática y una alarmante política de descarte que empuja al sistema hacia el desamparo total.

El encuentro, que se planteó como un espacio de escucha en el cual las distintas instituciones expusieron sus preocupaciones, tuvo lugar el martes 23 de junio en la sede del Arzobispado y fue llevado adelante por el Doctor Hernán Carranza, miembro de la Pastoral de la Salud, y por el Padre Alejandro Musolino, obispo auxiliar de Córdoba.

El diagnóstico compartido expuso una realidad asfixiante: demoras crónicas en las deudas acumuladas por los no pagos, desfasaje arancelario y un incremento desmedido de los costos operativos. Factores que, combinados, ponen en riesgo inmediato la continuidad de numerosas prestaciones esenciales y exponen la faceta más cruel de la coyuntura: un desfinanciamiento sistemático que, en la práctica, se está convirtiendo en un abandono liso y llano de las personas más vulnerables.

De acompañantes a guerreras: la ruptura de un acuerdo social

Los testimonios vertidos durante la jornada reflejaron la angustia de un sector que se siente desamparado por las políticas públicas actuales. «Duele que se instala que hay que salvarse solo», fue una de las frases destacadas del encuentro, donde se alertó fuertemente que «en Argentina se rompió el acuerdo tácito que era el de los derechos de las personas con discapacidad».

Esta alarmante desprotección estatal ha forzado un cambio doloroso en el seno de las familias. «La familia deja de ser acompañante para transformarse en guerrera», manifestaron críticamente los representantes, catalogando las trabas y la falta de respuestas bajo una figura categórica: «Asistimos a una violencia institucional, la violencia de la ignorancia».

A este escenario se añade un grave retroceso administrativo. Se denunció la enorme «cantidad de tiempo que se pasa buscando prestadores de prestadores, como en PAMI, esto lleva a un proceso involutivo». Hoy, el foco de la mayoría de las instituciones ha debido reducirse a lo más elemental: «Hoy estamos abarcando que no haya hambre, estamos trabajando para la supervivencia».

Alerta por un proyecto de ley que busca romper el sistema

La máxima preocupación del encuentro radica en una última gran noticia que encendió las alarmas de los prestadores: «hay un proyecto de ley que quiere romper el sistema de prestaciones básicas, modificar el alcance del Fondo Solidario de Nación». De concretarse esta iniciativa —que advirtieron «hoy está en proceso, no está detenido del todo»—, se desguazaría un esquema histórico.

Los especialistas que «esto que se quiere romper, que es el de sistema de prestaciones básicas, tiene tres conceptos que son la integralidad, la universalidad y la equidad. Se está buscando romper con esto» (brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas) no paga, la Nación le exige a las instituciones cada vez más trámites, que son muy costosos». Esta presión regulatoria «lleva a que las instituciones, por las deudas acumuladas de los no pagos, no puedan llevar adelante esos trámites, y así se da una baja institucional posible. Entonces no hay un oxígeno para las instituciones». Incluso se criticó la centralización extrema de los procesos, ya que «hasta se les exige viajar a Buenos Aires a firmar. De hecho hay una fecha, el 17 de julio, que se vencerían algunas de estas firmas».

Hacia el cierre de la jornada, los asistentes manifestaron su profunda frustración ante la total ausencia de puentes políticos locales en Córdoba, al no haber interlocutores válidos que escuchen los reclamos, la realidad se torna crítica: «El descarte… no hay interlocutores, se sigue hablando de descarte».

Del reconocimiento discursivo al reconocimiento legítimo: el modelo CORE

Frente a este complejo panorama de vulneración sistémica, las preocupaciones expresadas durante la jornada dialogan de forma directa con el Modelo de Comunicación y Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad (CORE), desarrollado y defendido por la Fundación Por Igual Más (representada en el encuentro por su directora general, Ana Argento Naser, y por José Álvarez Díaz). Esta propuesta plantea un cambio de paradigma urgente y superador: la necesidad de pasar de la simple «inclusión» retórica al verdadero «reconocimiento» de las personas con discapacidad.

Desde la perspectiva del modelo CORE, el acceso garantizado a las prestaciones, los apoyos terapéuticos y las políticas públicas de calidad no constituye un beneficio o una mera respuesta asistencialista, sino una condición estrictamente necesaria para el ejercicio pleno de los derechos humanos. El modelo CORE promueve de este modo procesos profundos de autorreconocimiento y empoderamiento de las personas, a la par de una incidencia estratégica que comprometa de forma vinculante a la sociedad y al Estado.

En un contexto crítico donde las familias y los profesionales advierten que ya no pueden sostener los servicios esenciales por la falta de recursos, la Fundación Por Igual Más reafirmó que fortalecer las políticas públicas y asegurar la continuidad del sistema de prestaciones básicas es la única vía real para que las personas con discapacidad dejen de habitar un reconocimiento meramente discursivo y accedan a un reconocimiento legítimo, materializado en prácticas concretas y medibles que les permitan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de oportunidades.

Por Alvarez Diaz,Victor José, referente institucional