La Resolución ANSES 30/2021 propone programas de protección social para garantizar la inclusión, accesibilidad e incentivar a la participación en el mercado laboral, aun así, esto es insuficiente. La misma contribuye en la economía social a la cohesión social en términos del empleo de los trabajadores con discapacidad, pero no resuelve la problemática de todo el colectivo de personas con discapacidad. 

Frente a los modelos de discapacidad, la resolución se basa en el modelo social y de derechos humanos establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para ello es necesario realizar ajustes en nuestra normativa y brindar apoyos técnicos y jurídicos para qué las personas con discapacidad resulten beneficiadas en el ejercicio de sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos. Es decir promover recursos en entornos comunitarios que permitan una toma de control sobre las cuestiones que afectan a la propia vida, sobre todo  las relaciones sociales satisfactorias fuera de los entornos institucionales.

Consideramos pertinente aclarar qué el fortalecimiento de la institucionalidad de la protección social no necesariamente está acompañado por el reconocimiento de las personas con discapacidad. 

Es necesario un cambio de paradigma qué esté encaminado hacia la plena autonomía y visibilización de las PCD para lograr igualdad de condiciones y oportunidades.

Respecto a como se aplica este modelo en otros países de la región, podemos comentar que en Chile pueden acceder a una pensión básica solidaria de invalidez, las personas entre 18 y 65 años qué son declaradas con invalidez por las comisiones médicas, qué pertenezcan al 80% más pobre de la población (determinado por el puntaje de focalización) y no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia.

En Uruguay, es posible acceder a una pensión por invalidez, se le abona a las personas con discapacidad, según dictamen médico del sector Evaluación de Incapacidad, y que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. (fuente: https://www.bps.gub.uy/3487/pension-por-invalidez.html)

Entendemos que  la discapacidad debe estar dentro de las políticas de protección social exige reformas encaminadas a asegurar la participación de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan, no solo en la recepción de medidas y sistemas de apoyo sino en su diseño, de manera que resulten eficaces.

Encarar como Estado medidas activas para  promover a  que se “eliminen los obstáculos artificiales a la integración general y al empleo en particular”, a través de distintos incentivos para las empresas, Programas de Capacitación y Empleo, Programas Sociales, Monotributo Social, ayuda económica mensual no remunerativa por el desempeño en talleres protegidos y Subsidios por Desempleo.

Sería ambicioso pensar que una  resolución puede resolver la problemática de la mayoría de las personas con discapacidad. Ya que como mencioné con anterioridad, la discapacidad tiene formas y colores diferentes. 

Para concluir, consideramos que el Estado viene un paso atrás en todo. Ya que a lo largo de toda la resolución hace hincapié demasiado en incluir, ayudar,  colaborar, sin cumplir con el objetivo, que debería ser que las personas con discapacidad necesitan ser visibilizadas, y reconocidas por el Estado, y que este sea custodio ante las acciones u omisiones de entes públicos y privados que no respeten los derechos reconocidos internacionalmente a las PCD, y sancione y ejecute políticas encaradas a lograr esta protección. . 

Sin embargo, no negamos qué la ayuda económica es de utilidad para una persona con discapacidad, pero también sé que no es lo único que necesita y desde el Estado no se agotan todos los recursos para resolverlo,por lo general  siempre se ejecutan políticas paliativas a la problemática que vive la PCD, optando por  alternativas más  sencillas, principalmente ayudas económicas, en vez de tomar un rol activo para lograr un mayor impacto social, sin que esto sea suficiente para  colaborar en cambiar la problemática real de fondo.

AUTORAS 

                  Lucía Victoria Villagra

                  Macarena Boris