Resumen

Convocadas por la Vicaría de los Pobres, la Fundación Por Igual Más y diversas organizaciones del sector trazaron un duro diagnóstico sobre la situación de la discapacidad en Córdoba. Denuncian un desfinanciamiento sistemático, asfixia burocrática y alertan sobre un proyecto de ley nacional que pone en riesgo el sistema de prestaciones básicas y el derecho a la salud de las personas más vulnerables.

Convocados por la Vicaría de los Pobres, la Fundación Por Igual Más junto a diversas organizaciones y prestadores trazaron un crudo diagnóstico del sector. Denuncian desfasaje arancelario, asfixia burocrática y una alarmante política de descarte que empuja al sistema hacia el desamparo total.

El encuentro, que se planteó como un espacio de escucha en el cual las distintas instituciones expusieron sus preocupaciones, tuvo lugar el martes 23 de junio en la sede del Arzobispado y fue llevado adelante por el Doctor Hernán Carranza, miembro de la Pastoral de la Salud, y por el Padre Alejandro Musolino, obispo auxiliar de Córdoba.

El diagnóstico compartido expuso una realidad asfixiante: demoras crónicas en las deudas acumuladas por los no pagos, desfasaje arancelario y un incremento desmedido de los costos operativos. Factores que, combinados, ponen en riesgo inmediato la continuidad de numerosas prestaciones esenciales y exponen la faceta más cruel de la coyuntura: un desfinanciamiento sistemático que, en la práctica, se está convirtiendo en un abandono liso y llano de las personas más vulnerables.

De acompañantes a guerreras: la ruptura de un acuerdo social

Los testimonios vertidos durante la jornada reflejaron la angustia de un sector que se siente desamparado por las políticas públicas actuales. «Duele que se instala que hay que salvarse solo», fue una de las frases destacadas del encuentro, donde se alertó fuertemente que «en Argentina se rompió el acuerdo tácito que era el de los derechos de las personas con discapacidad».

Esta alarmante desprotección estatal ha forzado un cambio doloroso en el seno de las familias. «La familia deja de ser acompañante para transformarse en guerrera», manifestaron críticamente los representantes, catalogando las trabas y la falta de respuestas bajo una figura categórica: «Asistimos a una violencia institucional, la violencia de la ignorancia».

A este escenario se añade un grave retroceso administrativo. Se denunció la enorme «cantidad de tiempo que se pasa buscando prestadores de prestadores, como en PAMI, esto lleva a un proceso involutivo». Hoy, el foco de la mayoría de las instituciones ha debido reducirse a lo más elemental: «Hoy estamos abarcando que no haya hambre, estamos trabajando para la supervivencia».

Alerta por un proyecto de ley que busca romper el sistema

La máxima preocupación del encuentro radica en una última gran noticia que encendió las alarmas de los prestadores: «hay un proyecto de ley que quiere romper el sistema de prestaciones básicas, modificar el alcance del Fondo Solidario de Nación». De concretarse esta iniciativa —que advirtieron «hoy está en proceso, no está detenido del todo»—, se desguazaría un esquema histórico.

Los especialistas que «esto que se quiere romper, que es el de sistema de prestaciones básicas, tiene tres conceptos que son la integralidad, la universalidad y la equidad. Se está buscando romper con esto» (brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas) no paga, la Nación le exige a las instituciones cada vez más trámites, que son muy costosos». Esta presión regulatoria «lleva a que las instituciones, por las deudas acumuladas de los no pagos, no puedan llevar adelante esos trámites, y así se da una baja institucional posible. Entonces no hay un oxígeno para las instituciones». Incluso se criticó la centralización extrema de los procesos, ya que «hasta se les exige viajar a Buenos Aires a firmar. De hecho hay una fecha, el 17 de julio, que se vencerían algunas de estas firmas».

Hacia el cierre de la jornada, los asistentes manifestaron su profunda frustración ante la total ausencia de puentes políticos locales en Córdoba, al no haber interlocutores válidos que escuchen los reclamos, la realidad se torna crítica: «El descarte… no hay interlocutores, se sigue hablando de descarte».

Un petitorio colectivo y redes de apoyo para julio

Lejos de quedarse únicamente en el diagnóstico de la crisis, los asistentes al encuentro consensuaron una hoja de ruta inmediata para canalizar los reclamos. Como primer paso, se avanzará de manera conjunta en la confección de un petitorio respaldado por firmas de todo el sector prestacional y de las familias afectadas, con el objetivo de elevar formalmente el pedido de respuestas a las autoridades correspondientes.

Asimismo, de cara a la crítica fecha límite del 17 de julio impuesta por el Gobierno nacional, la mesa de trabajo comenzó a analizar posibilidades y estrategias concretas de cooperación mutua. Se buscará trazar redes de apoyo que contribuyan a que las organizaciones locales puedan estar acompañadas y asesoradas frente a las asfixiantes exigencias burocráticas del Estado, intentando evitar así que la falta de recursos derive en la baja formal de las instituciones históricas que sostienen el sistema.

La amplia convocatoria reflejó la unidad del sector en la provincia. El espacio contó con el compromiso y la participación activa de referentes como la Dra. Marité Puga de EPAR (Villa Bustos); Rita Cefino y Marcela de la Asociación Civil Alegría; Marcela Rosado de IRAM; Leonardo Vasconi y el área administrativa de Don Orione; Cecilia Rigo de GAUDE; Hugo Gerbaldo de Fundación Causana; Verónica Antunes de Fundación Espacio (Alta Gracia); Lucas Mantuano de Portales; y Carolina Armeloni en representación de CAPREDIS.

También sumaron sus voces especializadas la psicopedagoga Raquel Fernández (Aprender Ser Hacer – FUNASER); la Dra. Fernanda Castelo Rojas (médica psiquiatra y miembro de CAPREDIS); Romina y Emilse de Familia CEA; Romina (madre y miembro de la Pastoral de la Salud); Eduardo del equipo de Justicia de la Vicaría de los Pobres; Ana Argento Nasser directora de Por Igual Más y José Álvarez Díaz referente Institucional.

Del reconocimiento discursivo al reconocimiento legítimo: el modelo CORE

Frente a este complejo panorama de vulneración sistémica, las preocupaciones expresadas durante la jornada dialogan de forma directa con el Modelo de Comunicación y Reconocimiento Legítimo de la Discapacidad (CORE), desarrollado y defendido por la Fundación Por Igual Más. Esta propuesta plantea un cambio de paradigma urgente y superador: la necesidad de pasar de la simple «inclusión» retórica al verdadero «reconocimiento» de las personas con discapacidad.

Desde la perspectiva del modelo CORE, el acceso garantizado a las prestaciones, los apoyos terapéuticos y las políticas públicas de calidad no constituye un beneficio o una mera respuesta asistencialista, sino una condición estrictamente necesaria para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Para ello el COPRE propone que es indispensable que el Estado reconozca legítimamente a través de 6 estadios: 1) La ley 2) la política pública 3) Presupuesto asignado 4)Medición del Impacto 5) Transparencia de datos 6) Governanza.

Por Alvarez Diaz,Victor José
Referente Institucional
Fundación Por Igual Más