En los últimos años, las políticas en materia de discapacidad impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina, generan una profunda preocupación. No sólo porque los recortes, demoras, auditorías deshumanizantes y decisiones económicas afectan derechos fundamentales. Sino por el modo en que el Estado mira a las personas con discapacidad.

Desde Por Igual Más sostenemos, a través de nuestro modelo CORE (Comunicación y Reconocimiento Legítimo), que la discapacidad no debe abordarse desde un enfoque reduccionista. El verdadero desafío es construir reconocimiento legítimo. Es decir, generar condiciones reales para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en igualdad de dignidad, participación y autonomía. Por eso resulta imposible separar las decisiones económicas del impacto humano y simbólico que provocan.

Cuando se recortan prestaciones, se congelan aranceles o se eliminan apoyos fundamentales para el transporte, la educación, la rehabilitación o la atención cotidiana, no solo se reduce una partida presupuestaria. También se transmite un mensaje social: que algunas vidas parecen valer menos que otras

La mirada de la sociedad

Y allí aparece uno de los problemas más profundos del debate actual. Muchas veces la discapacidad es presentada desde el discurso oficial exclusivamente como un gasto. Como una carga económica a reducir, como un sistema sospechado permanentemente de fraude o privilegio. Si bien cualquier sistema estatal debe ser auditado y transparentado, el problema aparece cuando el control se transforma en estigmatización colectiva.

Las personas con discapacidad no son números en una planilla. Son ciudadanos con derechos. Son personas con historias, vínculos, deseos, talentos y proyectos de vida. El riesgo de mirar la discapacidad únicamente desde la rentabilidad económica es caer en una deshumanización silenciosa que deteriora el tejido social.

Desde el modelo CORE proponemos pasar de una lógica centrada en “administrar beneficiarios” hacia una perspectiva basada en el reconocimiento legítimo de cada persona. Esto implica comprender que la accesibilidad, los apoyos, las pensiones, las prestaciones y las políticas públicas no son privilegios. Son herramientas mínimas de igualdad para compensar barreras que la propia sociedad todavía genera.

En ese sentido, preocupa también el clima social que muchas veces acompaña estos discursos de ajuste. Porque cuando desde espacios de poder se instala la idea de que las políticas de discapacidad son excesivas, sospechosas o insostenibles, se alimenta indirectamente la discriminación cotidiana. Se fortalece la mirada que cuestiona derechos en lugar de cuestionar las barreras. Entonces la verdadera discusión no debería ser cuánto cuesta sostener derechos, sino cuánto cuesta como sociedad abandonarlos.

Un país que reduce apoyos esenciales para las personas con discapacidad no está promoviendo la libertad. Está ampliando desigualdades. Porque la libertad real no existe cuando una persona no puede acceder a un tratamiento, trasladarse, estudiar, trabajar o participar socialmente debido a barreras económicas y estatales.

La discapacidad no puede quedar atrapada entre discursos de mercado y planillas de ajuste. Requiere sensibilidad social, políticas sostenidas y, sobre todo, una comprensión profunda de la dignidad humana.

Desde Por Igual Más creemos que toda política pública comunica qué tipo de sociedad queremos construir. El desafío sigue siendo avanzar hacia comunidades donde todas las personas sean reconocidas legítimamente. No por su productividad económica. No por su capacidad de encajar en estándares de eficiencia. Sino por su condición humana.

Por Lic. Lic. Emanuel Cecchini, Referente de Accesibilidad